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LA EXCLUSIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO VIOLENCIA INTERCULTURAL León
OLIVÉ[1] Summary The
21st century has started with an escalation of violence. There has
always been violence, but there is now violence at a global scale. This has been
possible due to techno-scientific development which also has led to one of the
forms of violence most conspicuous today: exclusion from knowledge and from the
very possibility of generating knowledge and profit from it. Most traditional
indigenous peoples of the world today are not only excluded from the benefits of
knowledge and from the possibility of participating in innovation systems, but
the natural resources in their territories are permanently besieged by
transnational companies supported by powerful states. In this context, it is
argued that new policies and strategies are required particularly in third world
countries concerning education and the relationship between the State and
indigenous peoples, so that their members can participate in new mechanisms of
generation of knowledge as well as in the implementation of technological
systems for the exploitation of natural resources. But they must also
participate in decision making processes concerning how and when resources are
to be exploited and, above all, how derived benefits from that exploitation are
going to be distributed. Resumen El siglo XXI ha
comenzado con una escalada de la violencia. A lo largo de la historia humana
siempre ha habido violencia, pero ahora tiene dimensiones globales. Esto ha sido
posible, entre otras causas, por el desarrollo tecno-científico. Pero también
ha surgido una nueva y más conspicua forma de violencia: la exclusión del
conocimiento y de la posibilidad misma de generar conocimiento y de beneficiarse
de él. La mayoría de los pueblos
indígenas del mundo no sólo han sido excluidos del conocimiento y de la
participación en los sistemas de innovación, sino que sufren del asedio de los
recursos naturales de sus territorios por parte de compañías transnacionales
apoyadas por lo Estados poderosos. En este contexto, es indispensable para los
países del tercer mundo desarrollar nuevas políticas y nuevas estrategias
relativas a la educación, a la ciencia y la tecnología, así como a la relación
del Estado con los pueblos indígenas, para garantizar que éstos cuenten con
las condiciones adecuadas para participar en los mecanismos de generación y
aprovechamiento de conocimiento que permitan la explotación de sus recursos de
acuerdo con formas aceptables para ellos. También debe asegurarse su
participación en la toma de decisiones acerca de cuándo explotar esos recursos
y cómo canalizar los beneficios derivados de ello. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Y EXCLUSIÓN El
siglo XXI ha nacido y comenzado a crecer en medio de una ola de violencia
inusitada en la historia. No porque ahora haya más actos violentos en proporción
a la población, sino porque hoy en día existen medios más eficaces para
ejercer la violencia a gran escala, y de formas más variadas. En
la hoy llamada “sociedad del conocimiento”, el alcance a gran escala de la
violencia ha sido posibilitado por el conocimiento científico, así como por la
aplicación de sistemas tecnológicos, y como consecuencia de lo que algunos
autores han llamado la “tecnociencia” (cf. Echeverría 2003). Suele
mencionarse al proyecto Manhattan
(la construcción de la bomba atómica) como uno de los primeros grandes
proyectos tecnocientíficos del siglo XX, lo cual es muy significativo para
nuestra reflexión, pues la bomba atómica representa quizá el primer gran
salto cualitativo hacia la posibilidad de que una sola acción humana tenga un
inmediato efecto devastador de grandes dimensiones (nunca antes conocidas en el
planeta). Otros
ejemplos paradigmáticos de tecnociencia hoy en día los encontramos en la
investigación espacial, en las redes satelitales y telemáticas, en la informática
en general, en la biotecnología, y en la genómica. Todos ellos pueden tener
consecuencias benéficas para grandes grupos, pero también todos pueden
utilizarse violentamente para fines condenables éticamente. Esto no significa
que la ciencia y la tecnología sean éticamente neutrales y que todo dependa
del uso que se les dé. Más bien implica que no tiene sentido pensar en la
ciencia y en la tecnología en abstracto. Lo que realmente existe son sistemas
tecnológicos con fines bien definidos y donde se ponen en juego medios para
obtenerlos, por lo que son susceptibles de una evaluación desde un punto de
vista ético (cf. Olivé 2000, así como Ibarra y Olivé (eds.) 2003). Los productos de la tecnociencia resultan del trabajo de grupos de científicos, de tecnólogos, de administradores y gestores, de empresarios e inversionistas y muchas veces de militares. Y aunque no es una característica intrínseca de la tecnociencia, hasta ahora el control de los sistemas tecnocientíficos ha estado en pocas manos de élites políticas, de grupos dirigentes de empresas trasnacionales o de militares, asesorados por expertos tecnocientíficos. Este es un rasgo de la estructura de poder mundial en virtud del cual, además del hecho de que el conocimiento se ha convertido en una nueva forma de riqueza que puede reproducirse a sí misma, también es una forma novedosa de poder. Esto ha trastocado los sistemas de valores en la producción y circulación del conocimiento. Ahora valores económicos, como la ganancia, han pasado a formar parte de la estructura axiológica de muchos sistemas tecnológicos y tecnocientíficos, lo cual ha significado un aumento en la complejidad de la matriz de valores de muchos de esos sistemas. Como lo ha mostrado Javier Echeverría (2002, 2003), al lado de valores económicos como la ganancia financiera, o de valores militares y políticos como la ventaja para vencer y dominar a otros, aparecen valores que afectan directamente el dominio epistémico tales como la apropiación privada del conocimiento, y por tanto el secreto y a veces hasta el plagio. Valores todos incompatibles y de hecho inconcebibles para la ciencia que el mundo occidental conoció entre los siglos XVII y mediados del XX, cuya normatividad fue muy bien capturada en el “CUDEOS” mertoniano (comunismo, universalismo, desinterés y escepticismo organizado) (cf. Valero (ed.) 2004). En la sociedad del conocimiento el alcance a gran
escala de la violencia ha sido posibilitado por el conocimiento científico, así
como por la aplicación de sistemas tecnológicos, y como consecuencia de lo que
algunos autores han llamado la “tecnociencia” (cf. Javier Echeverría, La
Revolución Tecnocientífica, FCE, Madrid 2003). SISTEMAS
TECNOCIENTÍFICOS Son
sistemas de acciones intencionales humanas, regladas, que usualmente producen
conocimientos y transforman entidades (objetos, relaciones y sistemas), con
ayuda de instrumentos, con el fin de conseguir resultados que los agentes que
los diseñan y aplican consideran valiosos. En ellos concurren grupos de científicos, de tecnólogos,
de políticos, de empresarios o responsables de la toma de decisiones en el
Estado, administradores y muchas veces militares. Los sistemas tecnocientíficos
requieren grandes financiamientos, muy por encima de la ciencia tradicional. El proyecto Manhattan, la construcción de la bomba atómica, fue uno de los
primeros grandes proyectos tecnocientíficos del siglo XX. La exclusión como violencia La transformación de las formas de producción de conocimiento, las nuevas prácticas tecnológicas y tecnocientíficas, y las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas en que éstas se han venido dando, han generado niveles de exclusión nunca antes vistos, así como nuevas formas de exclusión. En los países del primer mundo cada vez hay más gente desplazada del sistema económico —que no son sólo los inmigrantes—, y en el mundo entero hay cada vez más grupos sociales, y pueblos enteros que quedan excluidos de los beneficios de los nuevos sistemas tecnocientíficos y, peor aún, quedan excluidos de la posibilidad misma de generar conocimiento. Esto
es algo que ocurre palpablemente en las relaciones internacionales y muy
especialmente en las inter-culturales, y que afecta sensiblemente a los países
del tercer mundo, particularmente a los pueblos tradicionales como prácticamente
todos los pueblos indígenas de América Latina. Pero en cambio todos los excluidos del conocimiento y de sus beneficios comparten con el resto de los habitantes del planeta otra nueva forma de violencia: la carga de los riesgos y los daños. Esta es otra de las nuevas asimetrías a las que hemos asistido: beneficios en las formas de vida para una minoría en el primer mundo, pero un primer mundo que ya no está sólo en el norte, sino que lo mismo está en América Latina que en la India o en China e Indonesia. Enormes ganancias económicas para un pequeño grupo de empresas, generalmente trasnacionales, y exclusión de los beneficios para la enorme mayoría de los seres humanos. Un hecho que ha acompañado al advenimiento de la
sociedad del conocimiento es la exclusión de grandes sectores sociales de los
beneficios del conocimiento y de la posibilidad misma de generar conocimiento. Exhibición virtual de la UNESCO sobre la sociedad del
conocimiento: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php URL_ID=10590&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html La exclusión en
el conocimiento distribuido y en la sociedad red Otro problema que merece mencionarse tiene que ver con una de las formas de producción de conocimiento que ha llamado mucho la atención en tiempos recientes y que se ha recogido bajo el término de “distribución” (cf. Fuller 2001). Se trata de mecanismos de producción de conocimiento donde no hay un lugar central de control, sino que el conocimiento se genera de manera distribuida en muchas unidades dispersas, que físicamente pueden estar muy separadas, pero que a la vez se mantienen en contacto mediante redes de comunicación (de donde surge el término de “sociedad red”, cf. Castells 1999). El conocimiento producido por una unidad adquiere valor en la medida en que complementa y se suma al que se produce en los otros nodos de la red. Una
de las condiciones para que esto sea posible es cierto nivel de homogeneización
cultural. Esto se aprecia por ejemplo en cuestiones lingüísticas: ¿en qué
lenguas se producen programas de cómputo? ¿Cuántos programas existen en
lenguas indígenas americanas? Se encuentra aquí una de las tendencias más
fuertes que están empujando hacia la estandarización en la sociedad
globalizada y del conocimiento. Un problema abierto es entonces el de determinar
hasta dónde esta fuerza amenaza a las diversas identidades culturales del
planeta. Pero
la forma distribuida de producción del conocimiento no significa una
democratización del mismo, en el sentido de que sea público y accesible a
todos, ni una disminución de la exclusión de millones de seres humanos de sus
beneficios. Por el contrario, ni siquiera hay garantías de que quienes
participan de una red se beneficien del conocimiento producido distribuidamente.
Muchas veces ni siquiera saben cuál es el producto final. Ante estos desafíos, organismos como la UNESCO están promoviendo algunos principios en un intento de contrarrestar esas tendencias negativas. Por ejemplo: libertad de expresión, acceso universal a la educación, acceso universal a la información, y respeto a la diversidad cultural y lingüística. La
UNESCO estima que la Sociedad del Conocimiento debe basarse en cuatro principios
fundamentales: la libertad de expresión, el reconocimiento de la diversidad
cultural, el acceso igual a la educación y el acceso universal a la información. http://www.unesco.org.cu/Noticias03/noticia021003.htm UN MODELO DE SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO MULTICULTURAL Y JUSTA En
este trabajo me propongo analizar algunos aspectos de estos dos fenómenos que
se encuentran relacionados: por una parte, nuevas formas de violencia
posibilitadas por el desarrollo tecnocientífico y, por la otra, las
formas de violencia que —en virtud de algunos de los rasgos de la sociedad
globalizada y del conocimiento—, se han venido desarrollando entre pueblos, y
entre Estados y pueblos, y sobre todo en donde han venido interviniendo grandes
empresas transnacionales mediante el asedio y franco despojo de recursos
naturales que las más de las veces se encuentran en territorios sobre los que
tienen derechos los pueblos originarios. Pero no sólo eso, sino igualmente dramática
ha venido siendo la exclusión de las decisiones efectivas acerca de cuándo y cómo
explotar esos recursos naturales, y del acceso
a formas de conocimiento que permitirían un aprovechamiento adecuado de dichos
recursos. A partir de lo anterior defenderé la idea de que un modelo de sociedad intercultural justa, adecuado para países como los de América Latina, en la que existan condiciones para la resolución pacífica de problemas, exige normas, instituciones y mecanismos que tiendan a disminuir la exclusión de ciertos sectores sociales, y muy especialmente de los pueblos indígenas, con respecto a sistemas de producción y aplicación de conocimiento, y que por el contrario faciliten su participación en esos sistemas y en el aprovechamiento del conocimiento —incluyendo el científico y tecnológico— para su desarrollo económico y cultural. Esto incluye por ejemplo una participación efectiva en diseños tecnológicos para la explotación razonable y sostenible de los recursos naturales y su uso tecnológico y tecnocientífico. En suma, si queremos plantear un modelo de sociedad que a nivel global y a niveles nacionales sea justa, con sistemas políticos y económicos que tenga legitimidad y estabilidad, y que permitan una resolución pacífica de los conflictos, así como el desarrollo cultural y económico de los diversos pueblos del mundo respetando su identidad y su autonomía, tenemos que abordar como un punto central de la discusión los mecanismos de participación efectiva en la sociedad del conocimiento. Más allá de las expresiones retóricas, esto implica la posibilidad de participar de los beneficios de sistemas tecnológicos y tecnocientíficos ya existentes, pero más importante todavía, la posibilidad de desarrollar otros sistemas de producción de conocimiento especialmente adecuados para la problemática específica de diferentes pueblos, según su cultura y las condiciones del medio en el que se encuentren. Un
modelo de sociedad intercultural justa, adecuado para países como los de América
Latina, en la que existan condiciones para la resolución pacífica de
problemas, exige normas, instituciones y mecanismos que tiendan a disminuir la
exclusión de ciertos sectores sociales, y muy especialmente de los pueblos indígenas,
con respecto a sistemas de producción y aplicación de conocimiento, y que por
el contrario faciliten su participación en esos sistemas y en el
aprovechamiento del conocimiento —incluyendo el científico y tecnológico—
para su desarrollo económico y cultural. Esto incluye la participación
efectiva en diseños tecnológicos para la explotación razonable y sostenible
de los recursos naturales en su territorio, así como el uso tecnológico y
tecnocientífico de los mismos. La
explotación de recursos naturales Con respecto al uso y explotación de los recursos naturales, no como meras mercancías en un mercado internacional de materias primas, sino como medios que pueden aprovecharse eficientemente con sistemas tecnológicos adecuados, aparecen al menos tres cuestiones problemáticas, cada una de las cuales da lugar a distintas formas de violencia: 1) la propiedad del territorio y de los recursos que contiene; 2) el reconocimiento del derecho a tomar decisiones y a realizar acciones para la explotación de esos recursos y para canalizar los beneficios derivados de ello; y 3) la capacidad efectiva para llevar a cabo dicha explotación, donde se hace más evidente el problema del acceso al conocimiento, a la implementación de sistemas tecnológicos y tecnocientíficos, y más aún la posibilidad de desarrollar sistemas novedosos, lo cual va normalmente acompañado de un problema de financiamiento y de inversión económica, pero que no es ajeno a las políticas públicas en materia de educación y de ciencia y tecnología. En este contexto de exclusión de la toma de decisiones por un lado, y del aprovechamiento del conocimiento para el desarrollo económico, social y cultural, por el otro, vale la pena recordar que hasta ahora los nuevos movimientos y los llamados nuevos agentes políticos habían venido identificándose más en términos de una lucha por el reconocimiento y el derecho a la diferencia, que por una participación efectiva en la toma de decisiones sobre las formas de cuándo, cómo y con qué medios explotar recursos (naturales, sociales y del conocimiento), y de cómo canalizar y distribuir los beneficios de su usufructo. Pero las cosas han empezado a cambiar en tiempos recientes con respecto a las luchas de los pueblos y movimientos indígenas, por ejemplo en virtud de su articulación horizontal con otros movimientos sociales. Esto quedó claramente ilustrado en Bolivia mediante las movilizaciones de septiembre y octubre de 2003. Uno de los debates centrales de ese país es el de permitir o no la explotación de un valiosísimo recurso natural, el gas, mediante la inversión y aplicación de sistemas tecnológicos extranjeros, y por consiguiente donde el beneficio para la nación resultaría mínimo, amén de los problemas de injusticia social internos a la hora de repartir esos beneficios, pues una gran parte de la población —que mayoritariamente es indígena— quedaría excluida. El
ejercicio de los derechos económicos y educativos de los pueblos indígenas
plantea por lo menos tres cuestiones problemáticas: 1)
la propiedad del territorio y de los recursos que contiene; 2)
el derecho de los pueblos a tomar decisiones y a realizar acciones para la
explotación de esos recursos y para canalizar los beneficios derivados de ello; 3)
la capacidad efectiva de los pueblos para llevar a cabo dicha explotación,
donde se hace más evidente el problema del acceso al conocimiento, a la
implementación de sistemas tecnológicos y tecnocientíficos, y a la
posibilidad de desarrollar sistemas novedosos. La
resolución de esto problemas requiere cambios legislativos y en las políticas
públicas en educación, en relaciones interculturales, y en ciencia y tecnología. Derechos económicos
y acceso al conocimiento De lo anterior podemos concluir que además de defender los derechos culturales y los principios propugnados por la UNESCO, es necesario reivindicar los derechos económicos de los pueblos y de las naciones y en especial el derecho a la participación en la generación y usufructo del conocimiento, lo cual debe entenderse como el derecho al acceso a la educación y a los medios necesarios para desarrollar los sistemas tecnocientíficos apropiados para la explotación racional y sostenible de los recursos naturales de los pueblos. Para esto es necesario participar en la toma de decisiones en materia de políticas educativas, científicas y tecnológicas, económicas, de salud pública y de relaciones interculturales, las cuales —como se ha puesto en evidencia en la Unión Europea— no pueden o no conviene ya desarrollarse de manera independiente y autónoma por cada estado o cada pueblo, sino en conjunto de manera coordinada pero en situaciones de simetría e igualdad. La línea de razonamiento que vamos siguiendo nos conduce a la indispensabilidad de la participación democrática en el diseño y evaluación de políticas educativas, de ciencia y tecnología, de salud, de relaciones culturales y de relación con el ambiente y de desarrollo sostenible. En muchos de los países de América Latina tales políticas se han diseñado centralizadamente en ciertas oficinas, con una notable falta de participación, ya no digamos ciudadana, sino incluso de la comunidad científica. Pero ni siquiera la participación de la comunidad científica es suficiente, lo que se requiere es una apertura a la participación efectiva de diferentes sectores sociales. Con todas las complicaciones que esto supone, lo cierto es que en América Latina esto es inaplazable para los pueblos indígenas. Las acciones para disminuir la violencia en la forma de asedio a recursos naturales y en la exclusión de la participación en la toma de decisiones y en el diseño y aplicación de sistemas tecnológicos y tecnocientíficos que permitan una adecuada explotación del medio, son principalmente políticas. Sin embargo, las acciones políticas, para que sean eficientes y legítimas, deberían ser orientadas por un adecuado marco normativo e institucional. Es
indispensable la participación democrática en el diseño y evaluación de políticas
educativas, de ciencia y tecnología, de salud, de relaciones interculturales, y
de relación con el ambiente y de desarrollo sostenible. Es imprescindible
incluir a los pueblos indígenas como agentes involucrados en esas discusiones. UN
MODELO DE SOCIEDAD MULTICULTURAL JUSTA En lo que resta del trabajo enunciamos una serie de tesis que pretenden formar parte de un modelo de sociedad multicultural justa, teniendo en mente particularmente América Latina, y que se refieren a algunas de las condiciones adecuadas para permitir el acceso de todos los sectores sociales a los beneficios del conocimiento. Una
sociedad es justa si y sólo si cuenta
con las condiciones que aseguren la satisfacción de las necesidades básicas de
todos sus miembros, de acuerdo con la determinación de esas necesidades que
hagan ellos mismos. La
cultura de la interculturalidad Es necesario promover a niveles nacionales e
internacionales la “cultura de la interculturalidad”, entendida como la
conciencia de que la mayoría de las sociedades nacionales y la comunidad
internacional son multiculturales, que todos los pueblos deben ser respetados y
merecen tener las condiciones adecuadas para su desarrollo económico y
cultural, y por tanto para el ejercicio de su autonomía. En América Latina
esto implica desarrollar proyectos educativos a favor de la multiculturalidad
dirigidos a todos los sectores sociales y no exclusivamente a los pueblos indígenas.
Nuevas relaciones entre pueblos y regiones Para
avanzar en la solución a los problemas generados por la asimetría de las
relaciones interculturales en América Latina, que a mediano y a largo plazo
establezcan una situación estable y legítima, se necesita reconocer en pie de
igualdad a todos los pueblos que forman parte de cada país, y que se lleven a
cabo reformas del Estado de manera que se establezcan nuevas relaciones
sociales, económicas, políticas y culturales entre pueblos y entre regiones.
En el caso de los pueblos indígenas, estas nuevas relaciones deben garantizar: a)
La satisfacción de las necesidades básicas de todos sus miembros, de
acuerdo con la formulación de las mismas que de manera autónoma haga cada
pueblo, respetando su derecho a preservar sus culturas y a desarrollarlas en la
forma en la que consideren adecuado. b)
La participación efectiva en la decisión de cuándo y cómo explotar
los recursos materiales que se encuentran en los territorios que ocupan, así
como en las formas de encauzar los beneficios de tal explotación. Si se acepta
esta norma podría lograrse un compromiso racional entre el principio
constitucional que prevalece en muchos países latinoamericanos y que establece
que la Nación es la propietaria de los recursos naturales, y el principio de
justicia que establecería el deber de garantizar la participación de los
pueblos indígenas en las decisiones sobre el usufructo de los recursos
presentes en sus territorios. c)
Pero más aún, no sólo habría que garantizar la participación de los
pueblos indígenas en el usufructo de las materias primas, sino en las formas
mismas de producción y aprovechamiento de conocimiento, así como de los
sistemas tecnológicos para la explotación adecuada de los recursos naturales. d)
También debe garantizarse la participación de los pueblos indígenas en
la construcción de los proyectos nacionales, incluyendo su presencia activa en
las instancias políticas locales, regionales, nacionales e internacionales. Políticas científico-tecnológicas Uno
de los principios rectores de la sociedad del conocimiento es contrario a la
falsa creencia dominante en los gobiernos y en los sectores empresariales de la
mayoría de los países latinoamericanos de que una mayor inversión en ciencia
y tecnología y en la producción del conocimiento significa desatender otros
problemas como el retraso económico, la injusta distribución de la riqueza, la
insalubridad, el deterioro ambiental o la falta de educación y de desarrollo
cultural. Por el contrario, la idea central de una sociedad del conocimiento es
que la ciencia y la tecnología son indispensables para lograr las condiciones
materiales, ambientales, sociales y culturales, necesarias para garantizar el
bienestar, una vida digna y una organización social justa para las presentes y
futuras generaciones de todos los sectores de nuestras sociedades plurales. Revaloración de los saberes tradicionales Las
políticas educativas y de ciencia y tecnología deben revalorar los
conocimientos tradicionales y otras fuentes de conocimiento distintas de los
modernos sistemas de ciencia y tecnología, no como parte del folclore, sino
considerándolos seriamente parte del conocimiento que puede ponerse en juego y
que merece por tanto apoyos estatales para su preservación, crecimiento y
aplicación en la percepción e identificación de problemas así como en su
solución. Políticas educativas en relación con pueblos indígenas Por
todo lo anterior resulta aberrante la idea de establecer en países como los de
América Latina instituciones segregacionistas como “universidades indígenas”.
Lo que se requiere es diseñar políticas educativas que permitan el mayor
ingreso de miembros de los pueblos indígenas a las mejores instituciones de
educación científica, tecnológica y humanística, y que éstas se abran al
estudio y en su caso mejoramiento de las formas de saberes tradicionales. Pero
lo anterior requiere, desde luego, del desarrollo de políticas educativas que
permitan la educación básica adecuada para que los miembros de los pueblos indígenas
tengan las condiciones apropiadas para el ingreso a instituciones de educación
superior.
La ciencia y la tecnología Para
sustentar las tesis anteriores es necesario apuntalar algunas concepciones con
respecto a la ciencia y la tecnología y los sistemas de producción y aplicación
del conocimiento. En
primer lugar debe reconocerse que en torno a la ciencia y la tecnología y sus
aplicaciones se congregan y enfrentan intereses económicos, militares,
sociales, culturales y ambientales, que muchas veces son incompatibles y llevan
a severos conflictos, con frecuencia violentos. Las decisiones sobre la
explotación de recursos naturales, y sobre la forma en su caso de aprovecharlos
normalmente enfrentarán conflictos de esta naturaleza. Por esto es necesario
prever mecanismos para dirimir controversias y para solucionar conflictos en
torno al diseño de sistemas de producción de conocimiento y de su aplicación
para la explotación de recursos naturales. La participación ciudadana en políticas de ciencia y tecnología Sobre
el desarrollo de sistemas de producción de conocimiento científico y tecnológico
y de resolución de problemas específicos, debe disiparse la idea de que se
trata de asuntos sólo de expertos. Al respecto es imprescindible desarrollar
políticas de educación y de comunicación pública de la ciencia y la tecnología,
que incluyan a todos los sectores: los gubernamentales, los empresariales, a las
propias comunidades científicas y tecnológicas, así como a los pueblos indígenas,
para que se entienda que el desarrollo de los sistemas tecnológicos y
tecnocientíficos es un asunto de todos, aunque hay maneras diversas de
apropiarse de ellos, de producirlos y de aprovecharlos. Tales
políticas deben fomentar la cultura científica y tecnológica, entendida como
la incorporación en las prácticas cotidianas de valores y formas de entender
el mundo y resolver problemas que provienen de prácticas científico-tecnológicas,
pero respetando plenamente la diversidad cultural, por lo que al mismo tiempo el
diseño, la evaluación de políticas educativas y de ciencia y tecnología
deben hacerse mediante una participación efectiva de los miembros de los
diferentes pueblos, de manera acorde con sus características culturales. Para
sostener esta tesis desde luego deben enfrentarse dos problemas que aquí sólo
dejamos señalados: ¿hay formas de desarrollar la ciencia y la tecnología de
acuerdo con las características culturales de cada pueblo? Si la respuesta es
afirmativa (y parece serlo más claramente en el caso de la tecnología), el
desafío es pensar en formas de producción y aprovechamiento del conocimiento
científico y tecnológico que sean compatibles con las características
culturales de cada pueblo. Pero al mismo tiempo parece imprescindible que los
pueblos realicen transformaciones en su organización social y educativa. La sociedad del riesgo La participación democrática es más urgente con respecto a la evaluación y gestión de riesgos generados por la ciencia y la tecnología. Hemos insistido en que la ciencia y la tecnología pueden contribuir a la solución de muchos problemas sociales, siempre y cuando reciban de manera accesible y comprensible las demandas de los usuarios, pero más aún, hemos dicho, deben establecerse las condiciones adecuadas para que los pueblos decidan el tipo de sistemas tecnológicos que les conviene. Pero los sistemas científicos y tecnológicos generan riesgo, y en virtud de que existe una amplia diversidad de valores y de intereses en juego, ya no es aceptable en las sociedades democráticas y plurales que las decisiones sobre las formas de resolver un problema de incumbencia social, o sobre cómo vigilar y controlar los riesgos, se tomen sólo con base en la opinión de expertos. No existe ya un único grupo, ni un conjunto definido de grupos de expertos y de políticos, que deban tomar solos las decisiones importantes, por ejemplo, sobre qué conocimiento conviene producir, cómo aplicarlo y cómo explotarlo; sobre la atribución de responsabilidades; sobre la determinación de compensaciones, o sobre medidas de seguridad. Para la toma de decisiones de este estilo se requiere la participación de muy diversos grupos de expertos y de “no expertos” en un sentido convencional, representantes de los sectores sociales que tienen intereses en juego, y es necesario desarrollar novedosas formas de organización social que estimulen una mayor participación ciudadana, lo cual supone mejor educación, pero una educación plural e intercultural. La
reacción éticamente justificable ante las situaciones de riesgo que generan la
ciencia y la tecnología, no es la crítica estéril ni su rechazo global, sino
más bien el desarrollo y la participación responsable en las controversias
acerca de la identificación y evaluación de riesgos así como en su gestión,
especialmente en cuanto a las decisiones que afectan a una parte de la sociedad
o al ambiente. En
la discusión de estas decisiones deben participar todas las partes interesadas,
incluyendo quienes serán afectados por las aplicaciones de la tecnología en
cuestión. Pero
para que esto sea posible, y para aprovechar adecuadamente a la tecnología, la
opinión pública debe tener confianza en la ciencia y en la tecnología como
fuentes de información confiable y de resolución efectiva de problemas, aunque
se reconozca que no están libres de valores y que tienen límites en cuanto a
lo que pueden conocer, y en cuanto a lo que es correcto que hagan.
Las prácticas científicas y las idiosincrasias culturales El
fomento de la cultura científica y tecnológica no debe entenderse como
adoctrinamiento, sino como el entrenamiento de los miembros de los diversos
pueblos que les permita comprender el potencial de la ciencia y la tecnología
para la resolución de ciertos problemas, pero sobre todo debe ser un
entrenamiento para participar en las nuevas prácticas de producción de
conocimiento, como prácticas transdisciplinarias, en donde concurren muy
diversos puntos de vista para conformar nuevos marcos conceptuales y métodos
para abordar y resolver problemas inéditos. Tales prácticas
transdisciplinarias no existen en abstracto ni pueden conformarse de acuerdo con
un único modelo. Se trata más bien que cada pueblo incorpore en su modo de
vida prácticas y formas de abordar y resolver problemas que incluyen formas de
producción de conocimiento como las que hoy en día conocemos como científicas
y tecnocientíficas. Esto significa abrir el horizonte de posibilidades de acción
de los miembros del pueblo, de una manera que respete su autonomía como
individuos y como pueblos. Prácticas científicas Para
comprender mejor este punto conviene elucidar el concepto de “prácticas científicas”.
Una práctica científica será entendida como un sistema dinámico que
incluye al menos los siguientes elementos, los cuales se subrayan aquí para
propósitos analíticos, pero que deben verse como íntimamente relacionados e
interactuando entre sí. a) Un conjunto de agentes con capacidades y con propósitos comunes. Una práctica siempre incluye un colectivo de agentes que coordinadamente interactúan entre sí y con el medio. Por tanto, en las prácticas los agentes siempre se proponen tareas colectivas y coordinadas. b) Un medio del cual forma parte la práctica, y en donde los agentes interactúan con otros objetos y otros agentes. c) Un conjunto de objetos (incluyendo otros seres vivos) que forman también parte del medio. d) Un conjunto de acciones (potenciales y realizadas) que están estructuradas. Las acciones involucran intenciones, propósitos, fines, proyectos, tareas, representaciones, creencias, valores, normas, reglas, juicios de valor y emociones (cf. Schatzki 1996, 89 y ss., y Schatzki, Knorr Cetina y Savigny (eds.) 2001). De este conjunto conviene destacar: d1) Un conjunto de representaciones del mundo (potenciales y efectivas), que guían las acciones de los agentes. Estas representaciones incluyen creencias (disposiciones a actuar de una cierta manera en el medio), y teorías (conjuntos de modelos de aspectos del medio). d2) Un conjunto de supuestos básicos (principios), normas, reglas, instrucciones y valores, que guían a los agentes al realizar sus acciones y que son necesarios para evaluar sus propias representaciones y acciones, igual que las de otros agentes. Esta es la estructura axiológica de una práctica. Las prácticas no están en un determinado medio previamente existente y previamente constituido, sino que las prácticas forman parte de ese medio, al cual no sólo transforman, sino que también lo constituyen (cf. Kuhn 2000, 102). Es decir, la identidad y la identificación de los objetos que forman parte de ese medio son relativas a una cierta práctica (o a un conjunto de ellas). Desde luego, hay objetos que pueden identificarse desde varias prácticas. Pero lo importante es que siempre son relativos a alguna práctica. En este sentido podemos decir que el medio es el mundo del cual forman parte los agentes de la práctica. Mundo que es constituido y transformado por esos agentes.
Si entendemos de esta
manera las prácticas científicas, tecnológicas y tecnocientíficas podemos
comprender que existe una amplia variedad de prácticas científicas. Si
combinamos esta idea con la de la constitución de nuevas formas de producción
de conocimiento, en donde un grupo comprende un problema, construye un marco teórico
apropiado para ese problema, desarrolla métodos específicos y adecuados para
enfrentarlo, y decide cuál es una solución aceptable, entonces es más fácil
comprender que el desarrollo de una actitud para el desarrollo y aprovechamiento
de conocimiento por parte de los pueblos indígenas no significa un
adoctrinamiento, pero sí sugiere la realización de cambios necesarios en sus
formas de vida para poder incorporar prácticas científicas a su cultura o para
que sus miembros puedan participar en prácticas científicas y encauzarlas en
su beneficio. Normas éticamente justificables Todo
lo anterior supone la participación de los miembros de los diferentes pueblos
en la arena pública, interactuando con otros sectores sociales, lo cual puede
implicar también cambios significativos en sus formas de vida, y exige la
constitución de un ámbito normativo para la regulación de las interacciones.
Dado el carácter multicultural de las sociedades contemporáneas es necesario
establecer normas éticas y de convivencia política, así como instituciones
que garanticen la justicia social para todas las personas y para todos los
pueblos, respetando sus diferencias y la identidad y autonomía de cada uno.
Pero al mismo tiempo se requiere garantizar la participación de todos los
pueblos y de todos los ciudadanos en el proyecto de una sociedad nacional y de
una sociedad global, que sean justas y respetuosas de la diversidad cultural, en
el contexto de la sociedad del conocimiento. Participación pública en una sociedad multicultural La
ciencia y la tecnología cambian las formas de vida de la gente, y es éste uno
de los rasgos que más agudamente se están notando en la transición a la
sociedad del conocimiento. La decisión de cuáles cambios en las formas de vida
son deseables y cuáles no, corresponde a la gente, no a los expertos, ni a los
Estados ni a las entidades super-estatales. Pero como no hay un único punto de
vista, ni uno solo que sea el correcto, debe haber discusión pública acerca de
cuáles cambios en la forma de vida de una comunidad o de un pueblo son
deseables y éticamente aceptables, es decir, cuáles son aceptables bajo la
discusión y participación de los diversos puntos de vista y de intereses y
valores presentes en las sociedades actuales, desde el nivel global hasta los
niveles locales. Para esto es indispensable la elaboración de normas de
convivencia armoniosa y de cooperación constructiva intercultural y entre
pares, que deberían estar en la base de una sociedad del conocimiento, plural,
multiculturalista, democrática y justa. En la construcción de esas normas la
filosofía juega el doble papel de crítica y de clarificadora de conceptos. Dos sentidos de
democracia: uno como un ideal regulativo, la democracia como un proyecto de
asociación conforme a valores tales como “la equidad en la pluralidad de los
puntos de vista, el derecho a la decisión libre de todos, la igualdad de todos
en la decisión del gobierno, la dependencia del gobierno del pueblo que lo
eligió” (Luis Villoro, El Poder y el
Valor, México, FCE, 1997, 336); y otro como “un
modo de vida en común en un sistema de poder” de hecho (idem., 334). Formación de nuevos profesionales Una
manera de comenzar a abordar una problemática como ésta es mediante la formación
de nuevos expertos en las ciencias naturales, sociales y las humanidades, así
como en las tecnologías, con la capacidad para integrarse a equipos
transdisciplinarios receptivos a las muy diversas demandas sociales, y que
desarrollen estrategias de investigación para ofrecer respuestas a problemas
específicos. En
particular deben formarse profesores y profesionistas que actúen en la interfaz
entre los sistemas de ciencia y tecnología y el resto de los sectores sociales.
Estos nuevos expertos en ciencia, tecnología y sociedad, además de colaborar
en los equipos transdisciplinarios para buscar soluciones a los problemas
sociales, deberán incidir en los diversos sectores de la sociedad plural y
democrática para que tengan una idea más clara del importante papel social de
la ciencia y la tecnología y de sus potencialidades: agencias del Estado,
sectores empresariales e industriales, organizaciones campesinas y de
agricultores, organizaciones ciudadanas no gubernamentales, partidos políticos,
pueblos indígenas, etc. Asimismo, deberán contribuir a que los diversos
agentes sociales —y no exclusivamente los empresarios— presenten sus
demandas al sistema científico y tecnológico de manera más eficiente. Y
finalmente, deberán ser capaces de coadyuvar en el diseño de los mecanismos
sociales para vigilar y controlar los riesgos generados por las aplicaciones de
la ciencia y la tecnología, así como en la preparación de la gente para
participar en ellos. En
países como las de América Latina, una parte importante de los nuevos
profesionistas de mediación entre el sistema de ciencia y tecnología y la
sociedad deben provenir entonces de los pueblos indígenas, para tener la visión
adecuada de las necesidades de sus pueblos así como de las formas aceptables de
resolverlas. “Ideal de la democracia es conceder a cualquier
miembro de la sociedad la capacidad de decidir libremente sobre todos los
asuntos que conciernen a su vida” (Luis Villoro, El Poder y el Valor, México, FCE,
1997, 344). Pero el enfoque tecnocrático para abordar los
principales problemas de las sociedades contemporáneas ha obligado a los
ciudadanos “a atenerse a las decisiones de los especialistas. Y los dominios
en que las decisiones se llevan a cabo son cada vez más
amplios. Los ciudadanos acaban reduciendo su actividad a la de obedientes
consumidores de ideas y productos, incapaces de decidir por sí mismos de la
mayoría de los asuntos comunes” (Idem.,
344). Conclusión Es
indispensable y urgente realizar profundas transformaciones en los sistemas
educativos para que las nuevas generaciones se preparen adecuadamente para
participar en los mecanismos de generación, aplicación y explotación racional
del conocimiento. Sin esa reforma educativa en América Latina y en el resto del
tercer mundo la mayoría de los pueblos seguirán siendo víctimas de todo tipo
de violencia, en particular de la exclusión de la posibilidad de decidir sobre
la explotación de sus recursos naturales y de desarrollar sistemas de innovación
para su adecuado aprovechamiento. Pero en esos sistemas deben participar en pie
de igualdad los pueblos indígenas, decidiendo su forma de participación
conjunta con otros sectores sociales, al mismo tiempo que decidiendo de manera
autónoma los cambios en sus formas de vida que les parecen deseables y
aceptables. REFERENCIAS Castells, M. 1999, La era de la información: Economía, sociedad y cultura, vol. 1, La sociedad red, México, Siglo XXI. Echeverría J. 2001, “Tecnociencia y sistemas de valores”, en López Cerezo J. A. y Sánchez Ron J. M. (eds.), Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura, Madrid, Biblioteca Nueva-OEI, p. 221-230. Echeverría J. 2002, Ciencia y Valores, Barcelona, Ed. Destino. Echeverría J. 2003, La Revolución Tecnocientífica, Madrid, FCE. Fuller
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Press. Olivé L. 2000, El Bien. El Mal y la Razón. Facetas de la ciencia y la tecnología, México, Paidós, 2000. Quintanilla M. A. 1989, Tecnología: un enfoque filosófico, Madrid: Fundesco; 1989. Quintanilla M. A. 1996, “Educación moral y tecnológica”, en Olivé L. y Villoro L. (eds.) Educación, Moral e Historia, Homenaje a Fernando Salmerón. México, UNAM, 1996. p. 315-332. Quintanilla
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T., Knorr Cetina K. y Savigny Eike von (eds.), 2001, The
Practice Turn in Contemporary Theory, Routledge, Londres y Nueva York. Valero, J. 2004 (ed.), Sociología de la Ciencia, Madrid, EDAF. DATOS DEL AUTOR León Olivé Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM Ciudad Universitaria 04510, México D. F. México León Olivé (México D. F., 1950) estudió matemáticas en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y filosofía en la misma
UNAM y en la Universidad de Oxford, Inglaterra, donde obtuvo su doctorado.
Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
UNAM y trabaja en los campos de epistemología, filosofía de la ciencia y la
tecnología, así como en relaciones interculturales. En la misma UNAM coordina
la Cátedra sobre Multiculturalismo (Facultad de Filosofía y Letras), así como
el proyecto transdisciplinario e interinstitucional: “Sociedad del
conocimiento y diversidad cultural”. Es autor, entre otros, de los libros La
ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. Ética, política y
epistemología (México, FCE, en prensa), Multiculturalismo
y Pluralismo (México, 1999) e Interculturalismo
y Justicia Social (México, 2004). |
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